Miércoles, 08 Abril 2009 11:58

El derecho al acceso libre a Internet

Escrito por  Alejandro Ruiz (ed), Alba González, Iztiar Esteban, Jon Parra y Javier Sánchez
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Ante una necesidad tan evidente en el mundo actual como es el hecho de que todo el mundo pueda gozar de acceso a internet entendido como parte del derecho a la información, las propuestas parlamentarias sobre el acceso libre son escasas, además de ser todas ellas más que una posible realidad, un motivo más de propuestas electoralistas. De hecho, los principales medios especializados en Tecnologías de la Información ven estas propuestas como algo irreal, un sueño aún inalcanzable.

En nuestro país el congreso, en el año 2006, propuso al Gobierno promover (sólo esto) el software libre. Esta propuesta no de ley fue aprobada por unanimidad a excepción de un voto en contra y una abstención. Ambos diputados lo achacaron a un error. Tres años después comprobamos que todo sigue igual. El gobierno de forma tímida, por no decir inexistente, ha intentado aproximarse al software libre, pero sólo las comunidades autónomas de Extremadura primero, y Andalucía después, han destacado por su apuesta firme en este sector.A nivel regional esto sí supone una realidad, pero no dejan de ser poblaciones de escasos habitantes. Además estas iniciativas han sido rebatidas y querelladas por las grandes compañías que ofrecen servicios de Internet al considerar que vulneran el libre mercado. En el panorama internacional, el alcalde  de Ciudad de México, Marcelo Ebrard , planifica que la ciudad tenga Internet inalámbrica, algo que será posible gracias a la alianza con la firma china de telecomunicaciones ZTE Corporation. Otra propuesta es la del presidente de la FCC, Kevin Martinha, el cual propone subastar una parte del espectro radioeléctrico de EEUU de 25 MHz para proveer de acceso gratuito de banda ancha a Internet a la población.

Siguiendo este movimiento no solo tenemos que observar las propuestas de los grupos políticos. Es muy interesante observar las peticiones de grupos no políticos, ya que las exigencias no serán las mismas. Podemos acudir a las organizaciones sociales y empresariales preocupadas por las TIC que han llevado acabo una propuesta a todos los grupos parlamentarios donde se desea crear enmiendas en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de Información. Entre estas enmiendas podemos encontrar la propuesta de cambiar la ley 32/2003 del 3 noviembre, General de Telecomunicaciones. Donde se regula los trámites burocráticos a seguir para conseguir el acceso a Internet. Se busca que las ONG´s y entidades públicas puedan poner en marcha redes Wifi sin dificultades por dichos trámites.Una organización no política especializada en esto es la Asociación para el Progreso de la Comunicaciones, la cual es una red global de redes cuya misión es ofrecer cobertura y apoyar a organizaciones, movimientos sociales e individuos en el uso de información y en las tecnologías de información.

Las medidas llevadas a cabo para obtener un acceso gratuito a Internet entre los ciudadanos pueden ser de distinta índole dependiendo si las medidas son a nivel internacional o nacional. En el ámbito nacional, las actuaciones llevadas a cabo son realizadas por entes tales como instituciones, administraciones, u otros organismos de carácter siempre público, como pueden ser los Ayuntamientos o las Juntas principalmente. Ello hace, que el disfrute del libre acceso a Internet gratuitamente se pueda disfrutar prioritariamente en centros como bibliotecas municipales, asociaciones y otros órganos similares. Sin embargo uno de los principales escollos que presentan estas medidas debido a su carácter público son su fuente de financiación causado por el alto precio que acarrean. El hecho de que las principales medidas sean presentadas por los gobiernos locales o por las Comunidades Autónomos, pone de relieve la escasa actuación del gobierno central sobre este tema, donde las ideas llevadas a cabo para el disfrute del acceso gratuito a Internet como derecho de la sociedad es mínimo, o cuanto menos escaso.

Es ya un secreto a voces a estas alturas que los precios de la banda ancha en España son de los más caros de Europa, al igual que los de la telefonía móvil.Si los servicios obtuvieran la calidad deseada, sería pasable pagar el alto precio de la conexión, pero en la mayoría de las ocasiones no es así. Por otra parte, la población que accede a la red está muy segmentada, siendo los jóvenes los que más uso hacen de ella. Según un reciente estudio de la Unión Europea, el acceso a internet en los hogares españoles está situado en el 51%, 9 puntos por debajo de la media europea situada en el 60%, y muy alejado del de países como Holanda (86%) o Suecia (84%). España se encuentra al nivel de acceso de Lituania, y tan solo supera a países de importancia notoriamente inferior a la nuestra, tales como Polonia (48%) o Bulgaria (25%).La Unión Europea ha alertado de que España es de los países más caros dentro de la unión a la hora de contratar ADSL, al igual que en la telefonía móvil, por lo que una política de bajada de los precios sería la situación ideal para universalizar la conexión a internet a todos los hogares, ya que tenemos una situación atípica.Mientras que en el resto de los países comunitarios, como Paises Bajos, las personas de la tercera edad que se conectan son mayoría, aquí en España son escasos los ancianos que manejan el ordenador, por ello es muy difícil aumentar las tasas de penetración en los hogares. 

Por tanto, si bien es cierto que la estructura poblacional española, dominada por la presencia de un tramo de edad avanzada, no ayuda mucho a crear una conciencia del derecho que tienen los ciudadanos a acceder a internet, lo cierto es que, ni siquiera entre la población joven el apoyo es públicamente notorio. La ciudadanía nacional, salvo excepciones normalmente vinculadas con comunidades de usuarios con conocimientos informáticos, no termina de comprender que el derecho a recibir información consagrado en el artículo 20 de la Constitución lleva implícito el hecho de poder disfrutar universalmente de un acceso a internet para que pueda ser el propio ciudadano el que rastree en busca de los contenidos que le interesen. El futuro pasa por abaratar las mensualidades del usuario particular de Internet y ampliar las zonas públicas con acceso libre y gratuito a Internet; así como que la administración estatal obligue a las compañías telefónicas a invertir en infraestructuras para que finalmente Internet alcance todos los puntos de España, pues solo en Andalucía existen unas 700 localidades sin acceso alguno.

Los poderes públicos, por otra parte, no están dispuestos a establecer dicho derecho como una pretensión que pueda ser ejercitable ante los tribunales, puesto que supondría para ellos un aumento enorme del gasto público. Las tímidas reivindicaciones hechas por vía parlamentaria son aun insuficientes para que el derecho al acceso universal a internet sea tenido en cuenta como un tema de la agenda pública. Sin embargo, es la presión ciudadana manifestada por las vías pacíficas que el ordenamiento pone a su disposición la que debe hacer ver a los políticos qué es lo que de verdad quiere, puesto que ésta es la única manera de triunfar en democracia.

 

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